La Fiscalía del Estado de Río de Janeiro presentó una sanción contra la línea aérea por la violación de los derechos de los consumidores. La apertura del procedimiento administrativo se debió a que Itapemirim prestó un mal servicio de atención al cliente, no ofreció el realojamiento a los pasajeros que ya habían comprado los pasajes y no les facilitó todas las aclaraciones solicitadas por la agencia.
Después de que ITA anunciara en su página web la suspensión de sus operaciones en Brasil en la noche del 17 de diciembre pasado, Procon-RJ abrió una investigación para determinar si la empresa estaba cumpliendo con las leyes de consumo y las normas establecidas por la resolución de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC Brasil). La empresa fue interrogada, pero no respondió a todas las preguntas.
“Cuando Procon-RJ le preguntó por el motivo de las cancelaciones de vuelos, ITA afirmó que la interrupción de los servicios se produjo después de que las empresas subcontratadas dejaran de realizar servicios técnicos operativos. La aerolínea no probó esta acusación y no puede eliminar su responsabilidad culpando a una empresa contratada por ella y que forma parte de la cadena de suministro”, dijo el titular de Defensa al Consumidor, Cássio Coelho.
De acuerdo a lo reportado por nuestro medio asociado Aeroin, hasta el 12 de enero, ya se habían registrado 288 reclamos de consumidores en los canales de atención de Procon-RJ y en la plataforma consumidor.gov.br.
Los servidores dieron cuenta que la compañía no atiende a los consumidores de manera efectiva, como lo determina la ley, y tampoco les ofrece las opciones que están garantizadas, especialmente el reacomodo en una operación de otra compañía, como lo establece el Código de Protección al Consumidor y la Resolución No. 400 de la ANAC Brasil.
Itapemirim cuenta con 15 días a partir de la fecha de notificación para presentar su defensa. Junto con la misma, la empresa también debe presentar un informe económico, detallando los ingresos brutos de los últimos 3 meses, con el objetivo de determinar su dimensión económica y calcular una posible multa.
