La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que representa a más del 90% del colectivo de controladores aéreos en España, se expresó en contra de la privatización de la gestión de siete torres de control propuesta por el gobierno central.
Según informó Cadena SER, el sindicato solicitó una reunión urgente con funcionarios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el objetivo de conocer mayores detalles acerca del plan.
Días atrás se conoció que el ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez quería otorgar a empresas privadas la gestión de las torres de control de los aeropuertos de Bilbao (BIO), Gran Canaria (LPA), Málaga-Costa del Sol (AGP), Palma de Mallorca (PMI), Santiago de Compostela (SCQ), Tenerife Norte (TFN) y Tenerife Sur (TFS). Entre ellos reúnen cerca de un tercio de todo el tráfico aéreo en España.
El proceso iniciaría con la oficialización de una orden ministerial, que sería sometida a audiencia pública, «para la liberalización del servicio de control aéreo en las torres de determinados aeropuertos». La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había anticipado que el gobierno no descartaría ampliar la privatización a más terminales aéreas.
El pasado 31 de enero, Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos de interés general en España, solicitó al organismo continuar con la apertura del servicio de tránsito aéreo de aeródromos a nuevos proveedores. La orden permitiría al gestor aeroportuario elegir otros prestadores del servicio. En caso de concretarse, se trataría del mayor proceso de liberalización del sector desde que tuvieron lugar las primeras medidas en ese sentido, casi quince años atrás.
Hasta el momento, el Estado controla estas infraestructuras a través de ENAIRE, la compañía pública encargada de gestionar el espacio aéreo español.
Los controladores aéreos, en contra de la privatización
Desde el Ministerio de Transporte aseguran que la medida supone una reforma estructural que permitirá mejorar la calidad del servicio y la eficiencia de la gestión. Al respecto, argumentan que la liberalización incrementaría la competitividad del transporte aerocomercial en España.
Sin embargo, el mayor sindicato de trabajadores de control del tráfico aéreo se manifestó contra la medida. En diálogo con SER Málaga, Alfredo Jordán, representante de USCA, dijo que la idea «es un disloque» y aseguró que, contrariamente a lo que sostiene el gobierno, «va a suponer mayores costes, porque va a requerir de la contratación de más personal».
Según Jordán, «los procedimientos integrados entre servicios de aproximación y de torre deberán desdoblarse y no se podrá ajustar como se hace ahora, ni realizar operaciones especiales como partidas y arribos en pistas contrarias». En su opinión, esto supondrá «un incremento de costes para las compañías en combustible, mantenimiento, personal y gastos generales».
De acuerdo con el representante del sindicato, «la anterior privatización demostró que el beneficio para los pasajeros es inexistente». En ese sentido, remarcó que «en ninguno de los aeropuertos con torres privatizadas se redujo el precio de los billetes de avión».
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