En la mañana del 7 de febrero, el Boeing 747-300M de Emtrasur Cargo, la filial de carga de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, fue trasladado al Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, en lo que puede interpretarse como un movimiento de preparación para el decomiso ordenado por la justicia estadounidense.
El avión, de matrícula YV3531, había sido retenido en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini en junio de 2022, tras detectarse irregularidades en el manifiesto de pasajeros y para investigar supuestos vínculos de los mismos con organizaciones terroristas iraníes.
En agosto de ese año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a las autoridades argentinas la incautación del Boeing 747, tras comprobar que la transferencia del avión a Conviasa violaba las sanciones impuestas por la OFAC (Office of Foreign Assets Control, Oficina de Control de Activos Extranjeros).
Estados Unidos solicita a la Argentina la incautación del Boeing 747-300M ex Mahan Air de EMTRASUR
Este organismo, dependiente del Departamento de Justicia, incluyó a Mahan Air en su lista de organizaciones que brindan asistencia directa o indirecta a grupos terroristas en 2011, y también agregó a Qeshm Fars Air, empresa controlada por Mahan Air, en 2019.
El capitán declarado en el vuelo del 747-300M era accionista y miembro de la junta directiva de Qeshm Fars Air y comandante de la Fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica-Qods / IRGC-QF.
Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, había sido agregada a la lista de la OFAC en 2020, aunque en noviembre de 2023 la agencia atenuó una parte de las restricciones para permitir el mantenimiento y obtención de repuestos de su flota de Embraer 190.
Primer movimiento, tras casi dos años de incertidumbre
El YV3531 permaneció en Ezeiza desde su incautación hasta hoy en una zona alejada de la terminal, en las que se realizan pruebas de motores y, en caso de ser necesario, donde se evacúan las aeronaves cuando se activa el protocolo de amenaza de bomba.
El movimiento al Hangar 5 no confirma que se esté preparando al avión para su decomiso y entrega a las autoridades estadounidenses, pero sucede apenas un mes después de que la justicia nacional habilitara la confiscación.
En enero de 2024, la fiscal federal Cecilia Incardona respaldó una solicitud de Estados Unidos para confiscar la aeronave, bajo el amparo del Tratado de Asistencia Jurídica Internacional.
La respuesta venezolana
Venezuela ha protestado vehementemente la decisión, y dijo que considerará un «acto hostil» que los países latinoamericanos por los que el avión vuele para llegar a Estados Unidos le permitan el sobrevuelo.
“Con esta ilegal decisión, el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo estadounidense y viola flagrantemente el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros acuerdos relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos“, rezaba el comunicado emitido por el gobierno de Nicolás Maduro.
