En el marco de su conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció hoy que Javier Milei firmará un decreto que declarará a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización.
Esto se hará, explicó Adorni, escudándose en el artículo 9 de la ley 23.696 de reforma del Estado, que asegura que lo habilita para hacerlo.
«Como ustedes ya saben Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de todas las gestiones desastrosas que llevaron adelante los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de realizar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal», prosiguió Adorni, detallando que el estado nacional aportó más de 8 mil millones de dólares para mantener Aerolíneas Argentinas desde su estatización en 2008.
El vocero también habló de una «estructura sobredimensionada» y de la «cantidad de beneficios de los que gozaba la empresa a costa de una Argentina pobre», como «traslados, pago del tiempo de traslados, beneficios del día de cumpleaños, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, límites en las guardias, uniformes y reposición de los mismos, bonos en dólares, condiciones de descanso diferentes a la industria, períodos festivos, compensaciones, comisiones, pasajes por matrimonio e hijos, o que si estaban jubilados seguían viajando a una mínima tarifa, etc».
Así entonces reconfirmó que la próxima semana Javier Milei firmará el decreto para privatizarla. Aunque de allí en adelante habrá un largo camino hasta su materialización dado que probablemente esté plagado de recursos judiciales para impedirlo.
En ese sentido, fuentes especializadas en derecho aeronáutico comentaron a Aviacionline que, realizada de esta manera, la privatización se erige con «pies de barro» dado que será difícil sostener ante un juez que nace de acuerdo a una urgencia, y frenar de esa manera alguna medida cautelar.
Actualización 14:35 – El Poder Ejecutivo amplía declaraciones sobre la medida
La Oficina del Presidente de la Nación emitió un comunicado en el que lista los considerandos de la decisión.
» La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tornado la decisión de impulsar la privatización de Aerolíneas Argentinas S.A., por lo que se la declarará como Empresa Pública Sujeta a Privatización a través de un decreto presidencial, en el marco de la Ley N° 23.696.»
El artículo 9 de dicha ley establece que «la declaración de «sujeta a privatización» será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso.» El mismo artículo plantea que el Congreso deberá asignar prioridad a su tratamiento.
«Desde su reestatización, ejecutada por el kirchnerismo en el año 2008, la empresa nunca cerró un año con balance positivo, y los aportes del Estado Nacional para cubrir su déficit superan ya los 8.000 millones de dólares. La compañía, además, se encuentra enfrentada a litigios motivo de su ilegal expropiación, y hostigada por una casta sindical cuya única prioridad es mantener privilegios», continúa el comunicado.
«Los sueldos de los pilotos varían entre los 3 y los 10 millones de pesos mensuales, y están asegurados independientemente de las horas de vuelo realizadas. Los bonos son abonados en dólares, los traslados están incluidos, y familiares y amigos disfrutan de pasajes gratuitos. Además, la compañía cuenta con aproximadamente 15 pilotos por avión operativo, número que no se repite en ninguna otra empresa de la industria.»
«En un país con el 52,9% de los ciudadanos pobres, es irresponsable e inadmisible que el Estado Nacional continúe financiando el déficit y los privilegios de unos pocos con los impuestos de quienes no Ilegan a fin de mes. Es inaceptable que, mientras el 66% de nuestros niños son pobres, se siga subsidiando una aerolínea que podría ser gestionada de manera eficiente por el sector privado», indica la misiva.
«La privatización de Aerolíneas Argentinas es un paso fundamental en el camino para liberar al país de un gasto insostenible, y es ademas la Unica forma de evitar la quiebra y cierre de la compañía. Una vez publicado el Decreto, será comunicado al Congreso de la Nación para que trate el proyecto de manera prioritaria, como indica la Ley. Los argentinos de bien cuentan con que el Poder Legislativo podrá ponerse de acuerdo para terminar con este flagelo», cierra el documento.
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