Ante un posible escenario de excesiva judicialización en el sector aéreo brasileño que involucra a empresas de aviación comercial, el Ministerio Público Federal (MPF) emitió una nota técnica con el objetivo de proponer mejoras y contribuir a la discusión en torno al tema.
El documento fue remitido a la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), al Comité Técnico para la Calidad del Servicio de Transporte Aéreo de la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), al Centro de Investigaciones Judiciales del Colegio de Magistrados de Brasil (CPJ/AMB) y para el Instituto Brasileño de Derecho Aeronáutico (Ibaer).
Elaborada por el Grupo de Trabajo del Consumidor (GT), vinculado a la Cámara de Consumo y Orden Económico del MPF (3CCR), la nota ofrece un panorama de la situación actual y propone soluciones, a partir del análisis de diversos aspectos que contribuyen al problema, informó Aeroin.
Nota Técnica
En el documento, el MPF señala, por ejemplo, que uno de los factores para la judicialización de estos temas es el desconocimiento o la dificultad para acceder a la plataforma Consumidor.gov, que permite al consumidor, de forma autónoma y sin abogado, para abrir un protocolo de servicio directamente contra una aerolínea.
Otro factor señalado para el elevado número de judicializaciones es la proliferación de servicios jurídicos destinados a la defensa predatoria, los llamados “sitios web buitre”, que prometen ganancias de casos judiciales y pagos anticipados de indemnizaciones.
También según la nota técnica, las propias aerolíneas pueden contribuir a reducir la judicialización, considerando que el elevado número de demandas contra las aerolíneas surge, entre otras razones, de la ineficiencia de los servicios de atención al cliente (SAC) de las empresas.
Según el MPF, estos servicios, esenciales para la resolución de conflictos, fueron sustituidos progresiva y prematuramente por canales digitales y atención automatizada, a través de chatbots, generando un descontento generalizado entre los consumidores.
El MPF también defiende la necesidad de una mayor integración del Sistema Nacional de Protección al Consumidor -formado por Ministerios Públicos, Defensorías Públicas, Procons, Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) y asociaciones colectivas- para favorecer el equilibrio de las políticas públicas en las discusiones con los organismos reguladores.
Judicialización excesiva
Según un estudio realizado por la Asociación Brasileña de Aerolíneas (Abear), sólo en 2023 se interpusieron 243 mil acciones legales contra aerolíneas. Datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), a su vez, revelan que el organismo regulador recibió más de 86 mil denuncias sobre el transporte aéreo de pasajeros en el mismo período. Según entidades del sector, esos datos colocarían a Brasil a la cabeza en número de procesos judiciales, concentrando el 98,5% de las acciones contra aerolíneas.
Sin embargo, el MPF sugiere una evaluación más profunda y crítica de la información de que Brasil concentraría el 98,5% de las acciones del mundo. Esto se debe a que las comparaciones generalmente se hacen tomando como referencia el mercado de Estados Unidos y el sector aéreo de la Unión Europea, cuyas formas de resolución de conflictos son bastante diferentes a la realidad brasileña.
El MPF también cuestiona el argumento de entidades del sector aéreo de que una judicialización excesiva también resultaría de un acceso más fácil al Poder Judicial, como la instalación de Tribunales Especiales dentro de los aeropuertos. Para el MPF, la negociación extrajudicial es una premisa básica de los Tribunales, en la que prima la búsqueda de la resolución de los conflictos cotidianos de manera rápida, eficiente y gratuita, y en la que muchas veces no se llega al acuerdo por falta de capacidad de las aerolíneas. asistencia a las audiencias.
El documento también cita un caso ocurrido en el estado de Rondônia, en el que una aerolínea dejó de prestar transporte de pasajeros y radiofármacos, por considerar que los elevados valores definidos por el Tribunal al imponer indemnizaciones a los usuarios habrían perjudicado el negocio.
Sugieren cautela
Sin embargo, el MPF sugiere cautela con este argumento, dado que estudios realizados por el Tribunal de Justicia de Rondônia apuntan a diferentes causas, como una posible elección de rutas más rentables o incluso la falta de pruebas presentadas por las aerolíneas en los procesos judiciales.
La nota técnica destaca que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y el sistema judicial es esencial para la satisfacción de derechos y la resolución de conflictos. Sin embargo, advierte que el exceso de demandas infundadas acaba coartando este derecho, provocando retrasos y sobrecargas, con impactos financieros y sociales, incluida la posibilidad de repercusiones en el aumento de los precios de los billetes de avión.
Aun así, el MPF considera imprudente cualquier medida
