El martes 2 de mayo de 2017 quedará en la historia como el día que Alitalia ingresó formalmente al régimen de administración extraordinaria. El plan de rescate rechazado por los trabajadores la semana pasada hizo inviable la inyección de capital de los accionistas (Bancos Italianos y Etihad) y entonces la única salida era la ya anticipada intervención del Estado Italiano.
Sin entrar en demasiado detalle legal, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para explicar cómo funciona la Ley de Quiebras Italiana a partir del decreto ley creado por Antonio Marzano, en su momento Ministro de Industria.
El grupo Parmalat era líder en lácteos y alimentos. Fundado en 1961 por Calisto Tanzi, creció hasta convertirse en un ícono de la región de Parma y de Italia misma, con presencia en todo el mundo. Además, la marca se asoció con el deporte: apoyó financieramente a la escudería Brabham de Fórmula 1 en los 80, a Prost Grand Prix en los 90. En esos mismos años 90 intervino fuertemente en el Parma Football Club, o como lo llamamos todos los que crecimos viendo al equipo de Crespo: el Parma.
En 1997, Parmalat decide iniciar una expansión internacional sin precedentes: para poder abrir 30 filiales en el extranjero, recurre a créditos y a la emisión de bonos. El plan funciona durante unos pocos años, hasta que en 2001 la empresa empieza a perder dinero fuertemente en varias de sus divisiones. En febrero de 2003 el Director Financiero del grupo, Fausto Tonna, anuncia una emisión de bonos de 500 millones de Euros. Tanzi se sorprende con la medida inconsulta de su Director y lo despide, reemplazándolo por Alberto Ferraris.
Ferraris pronto descubrió que no todos los datos contables de Parmalat estaban a su alcance: una parte de la información era controlada por el CFO Luciano Del Soldato. Decidido a saber, Ferraris inició una investigación y descubrió que en los libros de la compañía faltaban 9.000 millones de Euros. En el momento que esta información tomó estado público, Del Soldato, siguiendo instrucciones de Tanzi, presentó un documento que decía que había 4000 millones en una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una filial de Parmalat: Bonlat Financing Group. El Bank of America, supuesto depositario de la cuenta, informó que el documento era falso: le habían agregado con Paint el logo del banco a un documento creado en las oficinas de Parma.
El mismo día que el gigante lácteo Italiano entraba en cesación de pagos Calisto Tanzi, nombrado Caballero del Trabajo y Caballero de la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana, era detenido por fraude y asociación criminal. Actualmente cumple una condena de 18 años en una cárcel de Milán.
La debacle de Parmalat puso en jaque al gobierno Italiano: la quiebra de la empresa implicaba la pérdida de 36.000 empleos directos y cerca de 60.000 indirectos. Impactaría en el suministro de lácteos y derivados a toda Italia, y un desabastecimiento podía tener consecuencias devastadoras.
Fue entonces cuando Antonio Marzano pensó en una salida intermedia: garantizar la continuidad de las operaciones mientras se ordena financieramente la corporación. A las apuradas, redactó un decreto, que fue luego ratificado por el Congreso, que tiene tres puntos clave:
- El Estado designa un Administrador Extraordinario, que revisará los estados contables, verificará las deudas, valuará los activos y los preparará para una venta, para saldar las deudas verificadas.
- La valuación de los activos tendrá como referencia obligatoria el valor de mercado: esto impide que los bienes aún rentables de compañías en crisis se rematen a precio vil.
- La continuidad de las operaciones y los puestos de trabajo es obligatoria.
Aquí se observan las diferencias entre lo que normalmente conocemos como procedimiento de quiebra. En el derecho Argentino, la designación de un síndico y las tareas mencionadas en 1 es mandatoria, pero los apartados 2 y 3 son un poco más complejos de equiparar. La continuidad de los puestos de trabajo y las operaciones dependerán de la conformación de una cooperativa que represente los intereses de los empleados. La norma italiana busca que la empresa continúe con las operaciones con la menor disrupción posible.
En el derecho Norteamericano, la ley de quiebras incluye dos capítulos que tratan este tema: el capítulo 11, de protección (donde la empresa queda protegida por dos años de ejecuciones de deuda, pero no designa interventor, aunque tendrá fiscalización estatal) y el 7, de liquidación de bienes por insolvencia.
El rechazo de los trabajadores al plan de rescate no puede tratar de entenderse sin este contexto. Por qué respaldarían un plan que se basa en despidos y reducciones de salarios cuando existe la posibilidad de acogerse a esta norma?
Con la solicitud de administración ya presentada, el Estado Italiano designó a tres interventores:
El Napolitano Luigi Gubitosi, ex FIAT, y ex CEO de la RAI, que ya estaba trabajando en Alitalia desde el 15 de marzo como Presidente Ejecutivo para dirigir el proceso de salvataje;
Enrico Laghi, Romano, ex interventor en ILVA, experto en Quiebras y profesor universitario de Administración de Empresas.
Cierra el triunvirato el nuevo ídolo de este humilde bloguero: Stefano Paleari, Milanés. Ingeniero nuclear graduado con honores, Profesor de Análisis de Sistemas Financieros de la Universidad de Bérgamo y Director Científico del International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry.
Estos tres expertos tienen en sus manos la difícil tarea de encontrar una solución satisfactoria para Alitalia. Tienen un tiempo relativamente corto: por ley, la administración tiene un plazo máximo de dos años, pero las presiones políticas harán insostenible que la solución demore más de 8 meses.
Claramente, el proceso de administración extraordinaria con intervención estatal no es la solución a los problemas de la línea de bandera Italiana. Pero sí es cierto que la Ley Marzano y el crédito puente del estado Italiano por 600 millones de euros permitirán que pueda encontrarse un comprador para Alitalia mientras el activo más valioso de la compañía está a salvo:
Su gente.
