En el decreto de relanzamiento del gobierno de Antonio Conte, un mega paquete de asistencia financiera destinado a reactivar la economía italiana severamente golpeada por la pandemia de coronavirus, existe un Fondo de Refresco de Transporte Aéreo. A partir del mismo, la vieja Alitalia pudo convertirse en la nueva Alitalia: 100% estatal. Pero las condiciones de ese fondo impactan en otros operadores. Y éstos decidieron aliarse para reclamar.
Hay dos artículos en el decreto, 198 y 203, que obligan a los operadores a proveer a todos los empleados contratados bajo ley italiana las mismas condiciones contractuales que el antiguo operador de bandera. Incumplir lo ordenado por estos dos artículos podría significar la pérdida de las licencias otorgadas por la autoridad aeronáutica y una prohibición del acceso a los fondos de emergencia.
Esta situación precipitó que las principales compañías de bajo costo hayan hecho un frente común, no solo escribiendo a todos los gobernadores de las regiones a las que sirven sino creando una asociación. En las misivas piden «Extender la posibilidad de acceder al Fondo de Refresco de Transporte Aéreo a todos los operadores con licencia europea establecidos en Italia y el pleno reconocimiento de la validez de los contratos de la compañía ya discutidos y acordados con las organizaciones sindicales más representativas».
Es así que Blue Air, easyJet, Norwegian, Ryanair, Volotea y Vueling formaron la Asociación de aerolíneas italianas de bajas tarifas (Aicalf), empresas que representan más del 50 por ciento de los vuelos de corta distancia y una parte importante del tráfico regional e internacional, y que solicitan modificar el decreto de relanzamiento, actualmente bajo examen por la Cámara de Diputados.
El Viceministro de Infraestructuras, Giancarlo Cancelleri, intervino en el caso: «La competencia en estos artículos y en estos temas es directamente de la ministra Paola De Micheli, aclara, pero está claro que esta situación podría dañar seriamente la recuperación del sector turístico y en general de nuestra economía. Llevé el asunto a la atención del Ministro Luigi Di Maio.»
«Él está haciendo un gran trabajo para traer turistas a Italia -continuó-, me parece justo que sepa que esos dos artículos podrían frustrar todos sus esfuerzos. Espero que se pueda cambiar algo durante la revisión legislativa. Además, propuse eximir la tasa municipal a los aeropuertos con menos de un millón de pasajeros por año.»
Uno de los párrafos destacados de las notas enviadas por la asociación dice que «Las solicitudes de Aicalf se basan sólidamente en las indicaciones de la Comisión Europea que reiteró que cualquier ayuda estatal debería ser aplicable a todas las empresas con sede en el territorio de la Unión, sin ningún tipo de discriminación.»
Es sin duda un tema complejo, pero salvar a una sola empresa y generar una inequidad legal tampoco parece razonble. Algún punto intermedio tendrán que encontrar, las «low cost» europeas movilizan mucho tráfico intra-europa.