El pasado martes 17 de enero, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) de México emitió un decreto para el cierre del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (conocido como AICM) a los vuelos de transporte de carga y el traslado de las operaciones hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (conocido como AIFA), inaugurado en marzo de 2022.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó el jueves siguiente que buscaría llevar a cabo la medida. El mandatario citó la congestión del AICM como el principal motivo. No obstante, aseguró que sólo se efectivizaría a partir de un consenso entre todas las partes involucradas.
En palabras de López Obrador, se desarrollarían «labores de convencimiento» entre agencias aduanales y empresas de transporte aéreo de carga. En ese sentido, remarcó que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cuenta con el espacio y las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las operaciones.
El decreto y las repercusiones
En decreto publicado establece en su artículo quinto transitorio que los concesionarios y permisionarios que proporcionen el servicio al público de transporte aéreo de carga, tanto regular como no regular, tendrán un plazo de 90 días hábiles para reubicar sus operaciones.
La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) expresó su «preocupación» por «los impactos económicos y sociales que esta decisión ocasionará a la industria de carga aérea en México». En un comunicado de prensa, la institución sostuvo que se trata de una decisión «apresurada», que podría generar problemas en las cadenas de suministro.
De acuerdo con CANAERO, que representa a más de sesenta aerolíneas nacionales e internacionales, entre ellas compañías de carga, y otros prestadores de servicios aéreos en México, la industria requiere un mínimo de 360 días naturales para poder concretar la migración «bajo las mismas condiciones técnicas y operativas que actualmente existen en el AIFA».
La Agencia Federal de Aviación (AFAC) defendió el plazo de 90 días (que regiría a partir de la entrada en vigor del decreto) y aseguró que se trata de un «tiempo prudente» para que los operadores trasladen sus actividades. Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) planteó un plazo ideal de 180 días hábiles.
En caso de que el proceso avance, las empresas también podrían optar por mudar sus operaciones a terminales cercanas, como los aeropuertos de Puebla, Querétaro o Toluca. Sin embargo, el gobierno mexicano fomentará el traslado hacia el nuevo aeropuerto capitalino.
Según informó El Economista, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, aseguró que las empresas que operen vuelos hacia los Estados Unidos, mercado de carga más relevante desde México, no sufrirían restricciones en caso de mudar sus vuelos al AIFA. En ese sentido, el funcionario declaró que ya existe un preacuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA) para mantener las autorizaciones actualmente vigentes en el AICM.
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