La Comisión Europea abrió una investigación para evaluar si determinadas medidas de apoyo de Rumanía en favor de Blue Air se ajustan a las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales. La compañía era la segunda mayor aerolínea en el país cuando cesó sus operaciones, en septiembre de 2022.
El mercado rumano tiene ahora tres actores principales: Wizz Air, que ya era el mayor el mayor operador, Ryanair y la aerolínea de bandera TAROM.
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Los problemas financieros y la ayuda a Blue Air
Hasta la suspensión de sus vuelos, Blue Air tenía bases en cuatro ciudades del país (en Bacău, Bucarest, Cluj e Iași) y otra en Turín, Italia. Operaba una flota compuesta por catorce Boeing 737, cinco de ellos 737 MAX 8. También mantenía un compromiso de arrendamiento por otros cinco aviones con Air Lease Corporation.
En ese momento, las autoridades nacionales suspendieron temporalmente su licencia de explotación comercial debido a la difícil situación económica que atravesaba. Los problemas financieros de Blue Air comenzaron en 2019, aunque se agravaron significativamente a partir del comienzo de la pandemia.
En agosto de 2020, la Comisión Europea aprobó dos medidas de apoyo a la aerolínea. En primer lugar, concedió una garantía pública de 28 millones de euros para compensar los daños ocasionados por la situación de la industria, severamente afectada por las restricciones a la movilidad.
También otorgó una garantía pública de 34 millones de euros sobre un préstamo de salvamento destinado a cubrir parcialmente las necesidades de liquidez durante los seis meses siguientes. Rumanía aseguró que la garantía sobre el préstamo terminaría una vez finalizado ese plazo, o bien se comprometería a informar un plan de liquidación o un plan global de reestructuración.
La Comisión Europea investigará las ayudas de Rumanía
El Estado rumano presentó un primer plan en abril de 2021. Hasta el momento, ya se ha actualizado varias veces. El mismo incluye una ampliación de la duración de la garantía sobre el préstamo de salvamento a seis años, incluidos los seis meses iniciales. Esto permitiría reembolsar la ayuda hasta 2026.
Ahora, la Comisión Europea evaluará que las medidas de ayuda se ajusten a las normativas supranacionales. En particular, analizará si el plan de reestructuración puede o no restablecer la viabilidad de la empresa en el largo plazo sin la necesidad de continuar recibiendo ayudas estatales y sin precisar otras nuevas.
Además, investigará si las contribuciones de la compañía a los costes de reestructuración son reales, suficientes y efectivas para garantizar que la ayuda sea proporcionada, así como si existen medidas adecuadas para limitar los falseamientos de la competencia creados por la ayuda estatal.
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