El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) está abocado a la investigación de la pérdida del tapón del fuselaje del Boeing 737 MAX de Alaska Air ocurrida el pasado enero. Esto plantea interrogantes sobre el cumplimiento del acuerdo de no enjuiciamiento firmado en 2021 para dar fin al proceso por los accidentes de Lion Air y Ethiopian Airlines, y abriría la puerta a una posible responsabilidad penal de la compañía.
Según reporta el Seattle Times, el DOJ está investigando si el incidente del vuelo 1282 de Alaska Air entra dentro del alcance del acuerdo de no enjuiciamiento de 2021. Bajo éste convenio, Boeing implementó un programa destinado a prevenir el fraude para con la Administración Federal de Aviación (FAA). El acuerdo eximió a Boeing de ser enjuiciado por los accidentes del 737 MAX de 2018 (Lion Air 610) y 2019 (Ethiopian Airlines 302), que se cobraron 346 vidas en total. El fabricante enfrentó, en aquel entonces, un solo cargo criminal por fraude hacia los reguladores de EE.UU.
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Como parte del acuerdo, la compañía acordó realizar controles de cumplimiento interno durante tres años. El incidente de Alaska Air ocurrió dos días antes de la expiración de este plazo. Si los fiscales determinan que el suceso con el tapón de la puerta violó el acuerdo, existe la posibilidad de presentar cargos criminales contra la compañía.
La FAA ya había dado un ultimátum a Boeing, dándole 90 días para abordar problemas de control de calidad «sistémicos». Este plazo sigue a un informe que destaca deficiencias en la cultura de seguridad de Boeing, indicando que las medidas tomadas después de los accidentes no fueron efectivas.
Las investigaciones penales de accidentes de aviación son poco comunes tanto en EE.UU. como en el resto del mundo. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) es la responsable de las investigaciones de accidentes. La misión de la NTSB, de acuerdo a la normativa de OACI, solo se centra en recopilar hechos y elaborar recomendaciones para prevenir futuros accidentes, y no en determinar responsabilidades -criminales o civiles- en relación a los acontecimientos.
