El tendal que dejó Pluna está vegetando y nadie se hace cargo. El agujero con deudas de la exaerolínea de bandera, cerrada el 5 de julio por insolvencia financiera, crece calladito en los entretelones de la salida que el gobierno comienza a diseñar con el sindicato de ex trabajadores para construir una nueva compañía.Parte de esas deudas las traga el Estado, ya que son con la petrolera ANCAP y el Banco de la República (BROU). Las otras, en cambio, son con pasajeros que se quedaron con el boleto en la mano y no pudieron viajar en vacaciones de julio por el cierre de la empresa, con proveedores y otras instituciones.
Si se excluye la deuda que mantiene el Estado con el Scotiabank, que supera los US$ 140 millones por los siete aviones Bombardier, el pasivo por otros conceptos supera los US$ 131 millones, según se desprende del último informe contable de Pluna, cerrado al 31 de marzo de 2012 y entregado a la Justicia concursal, y al que accedió El Observador.
Presentado el plan de negocios del sindicato de extrabajadores y aprobada la ley que habilita al fideicomiso que administra los bienes de Pluna a vender o arrendar los siete Bombardier, teniendo como prioridad durante seis meses el proyecto del gremio, comenzarán las negociaciones para establecer las condiciones de funcionamiento de la nueva empresa y posibles subsidios o contribuciones públicas.
Según pudo saber El Observador, los encuentros serán después del 16 de enero entre delegados del sindicato, Presidencia y los ministerios de Economía y Transporte. Una fuente oficial confirmó que los pasivos de Pluna Sociedad Anónima quedarán por fuera de las negociaciones, y el gremio, por lo tanto, no deberá pagar lo que se debe a ANCAP ni al resto de los que quedaron sin cobrar.
El gremio quiere estar liberado de pagar durante los dos primeros años la cuota de alquiler de los siete Bombardier, lo que implica para el gobierno US$ 34,4 millones, cifra que surge de sumar las cuotas comprometidas en 2013 y 2014 con el Scotiabank. Se descuenta que tendrá subsidio en el combustible (quieren pagar US$ 0,794 por litro).
El gobierno pretendía obtener US$ 45 millones a cambio de dar en uso las frecuencias que tenía Pluna para volar a destinos de la región, sobre todo el puente aéreo entre Carrasco y Aeroparque (Buenos Aires). De hecho, en la nueva ley de Pluna se establece, para el caso de no avanzar el proyecto de los trabajadores, que se negociará con privados y tendrá “especial” consideración cuántos funcionarios contrata. También indica que valorará la “asunción de otros pasivos” de la compañía liquidada “asumidos o garantizados por el Estado”, en clara referencia a las deudas con el BROU y ANCAP. Pero a los trabajadores se las dará en uso sin costo.Sin esperanzas
El directorio de ANCAP resolvió pasar a pérdida la deuda de Pluna. Según explicó a El Observador el director Juan Amaro (Partido Colorado) el pasivo de la exaerolínea asciende a US$ 31 millones con multas y recargos.
El ente –aseguró– no cuenta con el cobro de ese dinero, y por ello acordó retirarla de la consideración en la lista de morosos. Amaro puntualizó que no hubo resolución para ello, pero políticamente se determinó olvidarse de Pluna.
“Está complicado para que ANCAP cobre, y menos ahora que se habla de subsidios en el combustible para las aerolíneas”, apuntó el director colorado.
El directorio de ANCAP resolvió, el martes 18 de diciembre de 2012, en una sesión extraordinaria, separar del cargo a la gerente financiera del ente, María del Carmen Giraldez, por su responsabilidad en la recepción de cheques a 180 días de Pluna Sociedad Anónima, como forma de pago por suministro de combustible, lo que llevó a que se creara un pasivo de US$ 18,5 millones, cuando todavía administraba la aerolínea de bandera el socio privado Leadgate. A la vez, según explicaron a El Observador fuentes oficiales, la jerarca estará suspendida durante 60 días, al igual que otros dos funcionarios. En tanto, la sanción más dura recayó sobre un funcionario que estaba encargado de recibir los cheques, que fue suspendido por 120 días.
Giraldez no fue sancionada por participar directamente, sino por no tomar las precauciones para que ello no ocurriera. La resolución del directorio fue dividida, ya que los directores de la oposición pretendían que un experto en derecho administrativo, ajeno a ANCAP, diera su opinión sobre el caso. El asunto sigue en la Justicia, independientemente de lo resuelto por el directorio del ente.
Las deudas
US$ 144.177.691
Scotiabank, por los siete aviones Bombardier.
US$ 31.000.000
ANCAP, por combustible. Antes del cierre eran US$ 30 millones, pero con intereses ha crecido.
US$ 16.303.810
Banco República, por financiación. Se arrastra de la asociación con la brasileña Varig.
US$ 13.319.312
Pasajeros sin volar por el cierre antes de vacaciones de julio.
US$ 6.987.175
Sueldos, aguinaldos y licencias de personal.
US$ 41.052.095
Otras deudas financieras.
US$ 15.064.517
Otras deudas comerciales en la que se incluyen proveedores.
US$ 4.653.778
Otras deudas diversas.
US$ 1.852.545
Impuestos sobre pasajes y otros.
US$ 1.232.060
Acreedores de la seguridad social.
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La amenaza latente de los juicios desde Brasil
Pluna cerró por insolvencia financiera. La compañía no tenía a principios de julio de 2012 ni para comprar combustible suficiente para que sus aviones fueran y volvieran con pasajeros. Pero además, en la noche del 5 de julio, cuando el gobierno dio los pasos para cerrar la aerolínea de bandera, le dijo a representantes de la oposición que también existía peligro de tener que enfrentar juicios millonarios que llegaban desde Brasil, por parte de extrabajadores de Varig, antigua socia de Pluna.
Se habló de miles de millones de dólares en demandas que el Estado debería pagar. Esa amenaza se sumó entonces a los argumentos del cierre. Actualmente, Pluna Ente Autónomo realiza un seguimiento de los juicios que llegan contra la ex Pluna, todos los cuales van al grupo de acreedores que hace cola en la Justicia concursal para cobrar lo que les deben. Hasta hace poco tiempo eran 216 los diferentes juicios, pero la semana pasada llegó uno que llamó la atención.
Esta vez se trató de exfuncionarios de Pluna en Argentina, quienes recurrieron contra Pluna Sociedad Anónima, pero también contra Pluna Ente Autónomo, el organismo estatal que figuraba como propietario de las acciones que tenía el Estado en la compañía (25%). Esta vez el reclamo fue por US$ 1,5 millones, según contó a El Observador el presidente del ente, Ignacio Berti. Pluna Ente encargó estudios para saber si, como socio minoritario, deberá en algún caso hacer frente a las demandas millonarias. Berti dice que todos los estudios establecen que no debería hacerse responsable de los juicios, pero hay especialistas que dicen lo contrario.
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Fuente: El Observador
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