Un juez federal de Texas rechazó el acuerdo firmado entre Boeing y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que busca resolver los cargos criminales por fraude relacionados con los accidentes de dos 737 MAX. El acuerdo, alcanzado este año tras la admisión de culpa de Boeing de haber defraudado a los reguladores de seguridad ocultando detalles sobre un sistema de software defectuoso, fue desestimado por el juez Reed O’Connor debido a preocupaciones sobre la supervisión del monitor independiente y las condiciones relacionadas con la diversidad.
El acuerdo fue negociado después de que Boeing se declare culpable de fraude por no informar adecuadamente sobre el Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), un software que causó los accidentes de dos aviones 737 MAX en 2018 y 2019, resultando en la muerte de 346 personas. Boeing acordó pagar una multa de 244 millones de dólares y someterse a un período de tres años de libertad condicional, durante el cual un monitor independiente supervisaría el cumplimiento de medidas antifraude. Sin embargo, el juez O’Connor considera que el acuerdo no garantiza una supervisión adecuada y que las disposiciones sobre diversidad en la selección del monitor son inapropiadas.
El fallo del juez, que envía a las partes de vuelta a la mesa de negociaciones, otorga una nueva oportunidad a las familias de las víctimas de los accidentes para presentar sus preocupaciones y exigir mayor responsabilidad por parte de la empresa. Los abogados de las familias afectadas critican el acuerdo, argumentando que permite a Boeing influir en la selección del monitor independiente, lo que compromete la objetividad y eficacia del proceso.
¿Qué sigue ahora para Boeing?
Con el rechazo del acuerdo, Boeing y el Departamento de Justicia deben renegociar los términos de un nuevo trato. Sin embargo, el futuro de la empresa se enfrenta a incertidumbres importantes. Según la opinión de Ernest Arvai, de AirInsight, la revisión del acuerdo podría generar nuevas sanciones para Boeing, lo que agrava su situación financiera y reputacional. En especial, las familias de las víctimas siguen presionando para que se logre una justicia real, más allá de un acuerdo que muchos consideran demasiado indulgente.
El abogado Paul Cassell, que representa a algunas de las familias de las víctimas, destaca que el fallo representa una victoria importante, al permitir que las familias tengan voz en el proceso de negociación. «Este fallo muestra que los acuerdos entre el gobierno y Boeing no deben ser aprobados sin una revisión profunda. El juez señala que no se pueden pasar por alto las preocupaciones sobre la responsabilidad de Boeing y la seguridad en el futuro», señala Cassell.
Los próximos pasos para Boeing incluyen no solo la renegociación de un acuerdo con el Departamento de Justicia, sino también la posibilidad de un juicio público si no se llega a una solución satisfactoria. Para la empresa, dice Arvai, la incertidumbre es perjudicial especialmente en un año ya marcado por desafíos financieros y organizativos, como la reestructuración interna y los despidos masivos.
En cuanto a las víctimas, las familias siguen buscando respuestas y exigiendo justicia para los fallecidos en los accidentes del 737 MAX. La lucha por asegurar una supervisión efectiva y garantizar que la tragedia no se repita sigue siendo una prioridad.
