La aerolínea mexicana atraviesa una delicada situación con el fisco, y contrario a la tendencia de noticias en 2020, la realidad de Interjet no guarda relación en absoluto con la pandemia actual. La compañía arrastra un atraso en los cumplimientos con el gobierno mexicano desde el año 2017, pese a que para el corriente año no registra falta de pagos y se espera que se realice algún aporte de capital extraordinario, porque la liquidez en la compañía ya no existe.
La situación cobra más importancia si tenemos en cuenta que su operación está reducida al mínimo, por lo que la capacidad de generar ingresos genuinos se encuentra casi paralizada, y al parecer no existe en el corto plazo un plan certero para revertir esta realidad. La otra solución posible seria una venta de acciones, que no depende del gobierno mexicano en cuanto a su autorización, pero a la fecha tampoco se ha hecho efectiva la decisión.
Las conversaciones entre el gobierno y la compañía son recurrentes para intentar destrabar el conflicto ya que lo que menos quiere el gobierno de AMLO es una pérdida importante de empleos en el sector. Cabe destacar que los salarios de los empleados tampoco han sido abonados, y la aerolínea y sus ejecutivos han recibido al menos 20 embargos por la falta de pago al fisco mexicano.
Existe un punto donde no se pueden acercar posiciones, ya que por parte de la aerolínea se alega que las inversiones o aportes de capital no ocurrirán por las deudas de impuestos, que traban cualquier intento de salvataje privado. Por otro lado, el gobierno sostiene que desde el grupo ABC Aerolíneas o Interjet el aporte de capital debe hacerse por parte de los socios y no existe impedimento alguno ni requisito oficial que deba cumplirse a nivel fiscal, por lo que consideran que se trata de una maniobra que busca esquivar la responsabilidad de los directivos de la compañía en la situación actual.
Para allanar el camino a la aerolínea y que se puedan conservar todos los puestos de trabajo, el gobierno evalúa intervenir Interjet para tomar conocimiento de los gastos existentes y redireccionar las partidas al pago de salarios, en contraposición con otros costos que debe afrontar la compañía. Un claro mensaje de que para el gobierno mexicano la prioridad es la planta laboral y recién entonces vienen las obligaciones fiscales, según indicó Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
