South Sudan Supreme Airlines, con sede en Juba, está involucrada en una disputa legal con el gobierno de Sudán del Sur, que se refiere a una reclamación de la aerolínea respecto a que el gobierno le debe 193 millones de dólares por el suministro de alimentos y combustible subsidiados durante la guerra civil del país en 2013, según informes locales reproducidos por Aeroin.
El propietario de la empresa ahora inactiva, Ayii Duang Ayii, no se presentó dos veces ante el Comité de Comercio e Industria de la Asamblea Nacional de Transición (TNLA) después de ser citado para aclarar sus acusaciones sobre contratos y pagos. El comité amenazó con emprender acciones legales para obligarlo a comparecer.
En respuesta a la situación, el abogado de Duang anunció que la compañía planea demandar al comité parlamentario por difamación por la publicación de las citaciones en las redes sociales, alegando que dañó la reputación de South Sudan Supreme Airlines.
Entre los documentos filtrados que circularon en las redes sociales se encuentran cartas intercambiadas entre la empresa y el Ministerio de Hacienda sobre una garantía soberana y cheques por valor de millones de dólares.
Jada expresó la intención de su cliente de demandar a la Asamblea Nacional en una carta publicada por el periódico Sudan Post. Para resolver el problema de manera amistosa, propuso que el comité detuviera las declaraciones difamatorias, emitiera una retractación pública y una disculpa, y pagara 1,5 millones de dólares en compensación a la empresa. Si el asunto no se resuelve, advirtió que la empresa llevaría el conflicto a la Corte de Justicia de África Oriental, el órgano judicial de la Comunidad de África Oriental.
El comité TNLA defendió su derecho a convocar a Duang. «Podemos convocar a cualquier persona que ocupe un cargo público o a un particular para que comparezca ante el comité y aporte pruebas documentales», afirmó el presidente Mayen Deng Alier. Explicó que el comité buscaba aclarar la relación entre South Sudan Supreme Airlines y Noble Enterprise Ltd, una empresa keniana mencionada en documentos filtrados relacionados con la disputa.
Además, el comité exigió información completa sobre todos los contratos otorgados a South Sudan Supreme Airlines por el gobierno a través del Ministerio de Comercio e Industria desde 2013.
