La Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó en primer debate, un proyecto de ley que busca fomentar vuelos de bajo costo entre Costa Rica, Centroamérica y República Dominicana, este hecho provocó el llamado de atención por parte de la Asociación de Líneas Aéreas de Costa Rica (ALA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
Los organismos se expresaron en cuanto a que la sanción de la ley, provocará el efecto contrario al buscado por el cuerpo legislativo.
Sostienen que, aunque la industria apoya plenamente la idea de mejorar la conectividad área del país, estipular un valor máximo de la tarifa aplicable a un impuesto reducido por parte del gobierno, limitará la oferta de servicios al pasajero.
Un proyecto para fomentar el tráfico aéreo intrarregional
El proyecto ha sido promovido bajo el argumento de fomentar el tráfico aéreo intrarregional, no obstante las asociaciones entienden que, con tal restricción, las líneas áreas no podrán ofrecer la totalidad de sus tarifas y productos, lo que desincentivará su interés de desarrollar el mercado centroamericano y agregan que, además, lo propuesto contraviene leyes y acuerdos internacionales existentes de los que Costa Rica es parte.
Mercados desregulados
Desde la segunda mitad del Siglo 20, la industria aérea a nivel mundial se ha movido hacia mercados desregulados. Existe amplia evidencia que sugiere que los países que han desmontado los esquemas de fijación de precios obtienen un efecto positivo para el consumidor y la conectividad aérea.
Por ejemplo, Colombia decidió en 2012 eliminar los topes tarifarios y, como resultado de esta decisión, las tarifas se han reducido significativamente y el mercado ha crecido a una tasa promedio anual del 6.7%.
Por esto, argumentan que, imponer un límite en las tarifas aéreas —independientemente del monto que sea— podría ser considerado como control de precios, lo que limitaría la libre competencia, reduciría la apertura de nuevas rutas y afectaría la conectividad de Costa Rica. En resumen, se produce el efecto contrario de lo que pretende esta iniciativa.
Y alegan que, para que la aviación actúe realmente como un catalizador económico, el gobierno costarricense debería, en lugar de establecer condiciones que limitan la oferta tarifaria, fomentar la competencia en el mercado aéreo al permitir a las aerolíneas ofrecer, de manera libre, los servicios asociados a las necesidades e intereses del usuario y las consideraciones de mercado.
Esto –dicen- se logrará, por ejemplo, con la reducción de las tasas e impuestos sobre los boletos aéreos para todo tipo de vuelo, sin condiciones de montos máximos de tarifas o rutas específicas.
Finalmente instan a los miembros de la Asamblea Legislativa a establecer un diálogo con la industria para reformar la propuesta de ley con soluciones equitativas que permitan potenciar los beneficios que el transporte aéreo trae al país y sus ciudadanos.
