El Consejo de Ministros de Portugal emitió esta semana una resolución en la cual declara oficialmente que TAP Air Portugal se encuentra en una «situación económica difícil», la cual brinda el paraguas legal para que el gobierno avance en cuestiones relacionadas con la «modificación de las condiciones de trabajo y la no aplicación o suspensión, total o parcial, de las disposiciones incluidas en los convenios colectivos o convenios laborales afines, aplicando el respectivo marco alterno». Esto abarca a TAP Air Portugal, Portugalia y Cateringpor.
Como habíamos informado en otra nota, el 11 de diciembre Portugal presentó ante la Comisión Europea el proyecto de reestructuración de TAP Group para que sea puesto a consideración por parte del organismo y logre la aprobación del plan de salvataje financiero por EUR 1,2 mil millones propuesto desde Lisboa en junio, de los cuales finalmente solo se aportarían EUR 946 millones.
El mismo contempla cuestiones muy sensibles como la eliminación del 30% de su fuerza laboral, unos 2.000 empleados y además una reducción del 25% en el salario, lo cual se traduciría en ahorros por EUR 185 millones al año.
También se retirarían 17 de sus 105 aviones y se renegociarán contratos con proveedores, bajando costos en unos EUR 1.500 millones.
Como comentan en Aeroin, nuestro medio asociado en Brasil, TAP atravesaba serios problemas financieros y estructurales cuando fue parcialmente privatizada en 2015 después de un largo y demorado proceso que contó con una célebre disputa entre David Neeleman (Azul/JetBlue) y Germán Efromovich (Avianca/Oceanair), de la cual salió vencedor el primero, haciéndose con el 61% de la aerolínea a través del consorcio Atlantic Gateway.
Un año después, el nuevo gobierno portugués quiso retomar el control de TAP y acordó la reconfiguración del capital, quedándose con el 50% de las acciones, y dejando a Atlantic Gateway con el 45% y los empleados con el 5%. Ese acuerdo, de todas maneras, limitaba la intromisión estatal en el gerenciamiento.
Desde allí TAP se modernizó, renovó su flota y planteó una nueva estrategia que le permitió encarrilarse después de varias décadas, pero el COVID-19 apareció en escena truncando los planes de la compañía. En junio pasado el gobierno dispuso un plan de salvataje que incluyó la dilución del sector privado en el capital, por lo que el 72,5% quedó en manos del estado.
