A través del decreto 606/2024 el gobierno argentino dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por un período inicial de 180 días corridos, que podrá prorrogarse por una única vez mediante una resolución del ministro de Economía, cartera de la cual, a través de la Secretaría de Transporte, depende el organismo.

Entre los fundamentos de la intervención, el decreto aclara que en la auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional realizada por la OACI en 2022, la ANAC alcanzó un nivel de cumplimiento del 60,47%, por debajo del promedio mensual. Y que de las ocho áreas evaluadas, en «Organización de la Aviación Civil» ese índice se ubicó en el 41,67%, mientras que en «Operaciones», área asociada al cumplimiento de estándares internacionales que hacen al control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves, el índice fue de apenas el 37,29%.

Así también destacan que la auditoría que realizó la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en abril de 2024 detectó novedades que podrían afectar la continuidad de la categoría de Argentina.

El decreto enfatiza que a pesar de haber transcurrido 17 años de la creación de la ANAC, » continúan evidenciándose relevantes disfuncionalidades que afectan la integralidad del sistema, generan potenciales riesgos para la seguridad operacional y la navegación aérea y perjudican seriamente la reputación de la República Argentina en el orden internacional».

La interventora será María Luisa Cordero, abogada especialista en políticas públicas con 17 años de experiencia en diferentes áreas como el ministerio de Defensa, Aerolíneas Argentinas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Junta de Seguridad en el Transporte.

El artículo 4° del decreto detalla las siguientes facultades de la interventora:

• Elaborar y elevar a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE un informe sustanciado del estado de situación del citado organismo.
• Evaluar la actual estructura de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL y determinar una reorganización funcional y operativa.
• Evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo.
• Desarrollar los procedimientos tendientes a adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR).
• Implementar el sistema de autoridad delegada de aviación en la REPÚBLICA ARGENTINA, conforme lo establecido en la legislación vigente.
• Implementar cualquier otro mecanismo tendiente a agilizar y digitalizar los procesos del organismo.

«Las facultades determinadas en los incisos precedentes son solo enunciativas y no limitan en modo alguno las funciones de la Interventora que versen sobre otros aspectos relacionados a acciones de auditoría, sanciones y/o a cuestiones vinculadas a aspectos económico-financieros de la nombrada Administración Nacional de Aviación Civil», concluye el artículo.

Todo esto ocurre dos días después de que el gobierno argentino decretara una apertura sin precedentes del mercado aerocomercial.

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