El Decreto 1191/12, firmado en julio de 2012, establecía que todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional debían utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral y OPTAR para el traslado aéreo de funcionarios, empleados, asesores y terceros cuyos traslados fueran financiados por el Estado. Esta medida buscaba asegurar un flujo constante de ingresos para las aerolíneas estatales en un momento de dificultades económicas para la compañía de bandera.
Sin embargo, la nueva normativa impulsada por el gobierno actual, en línea con el Decreto 70/23 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, elimina esta exclusividad, promoviendo -según sus considerandos- la «competencia y la transparencia en las contrataciones públicas.»
Impacto del Decreto en los contratos de Aerolíneas Argentinas
El Decreto 747/2024 deroga formalmente el Decreto 1191/12, abriendo la puerta a que las entidades del Estado consideren ofertas de otras aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, para el traslado de su personal. Esto implica que ya no se dará prioridad automática a Aerolíneas Argentinas y Austral en los contratos del sector público.
Además, las entidades públicas deberán revisar y, en su caso, rescindir los contratos vigentes que otorguen ventajas indebidas o preferencias que contravengan la nueva normativa, en un plazo máximo de un año. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por desregular la economía y eliminar barreras estatales que impiden el desarrollo de un mercado más competitivo.
El gobierno ha instruido a la Oficina Nacional de Contrataciones a adecuar la normativa vigente para facilitar estos cambios y garantizar que las contrataciones del Estado se realicen bajo criterios de competencia justa y transparente, con el objetivo de obtener la oferta más conveniente para el Estado y, por ende, para los ciudadanos.
