Duro comunicado de APLA contra la decisión del gobierno de expulsar a Pablo Biró del Directorio de Aerolíneas Argentinas

El conflicto entre los pilotos y Aerolíneas Argentinas se agrava en un contexto de tensiones laborales generalizadas, con demandas salariales que no encuentran respuesta adecuada en el marco de la creciente inflación y las presiones sobre el poder adquisitivo.

A todo esto se suma la decisión del Gobierno nacional de expulsar al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), del Directorio de Aerolíneas Argentinas, lo que motivó una dura respuesta por parte del gremio a través de la red social X, defendiéndola “representación” gremial dentro del organismo rector de la empresa.

Comunicado

“En el marco del conflicto colectivo derivado de la gravísima pérdida salarial de sus trabajadores, el gobierno, además de amenazar con regulaciones ilegales del derecho a huelga, ahora pretende alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas, dando mandatos imperativos de cuestionar la legitimidad de la representación en el Directorio, del representante del Programa de Propiedad Participada (PPP), titular accionario del resultante de la otrora privatización de la empresa en la década de los ’90”, comienza indicando el comunicado.

Y sigue: “Cabe referir entonces a la cadena de ilegalidades, y las consecuencias derivadas de ello, que el gobierno pretende cometer. En primer lugar, hay que hacer notar que, a diferencia de las acciones en cabeza del Estado Nacional, consecuencia de la reestatizacion de la empresa luego de la ruinosa gestión privada, las acciones de los trabajadores son derivadas de un régimen legal específico, la Ley 23.696, la misma a la que acudió este gobierno para las nuevas privatizaciones que impulsa, a través de denominada «Ley Bases», aunque en este caso no incluyó a Aerolíneas Argentinas en las privatizables”.

“La ley 23.696 establece todo un régimen especial de participación de los trabajadores del ente a privatizar, dando una específica autonomía a las acciones que se adjudicaron en tal carácter estableciendo que ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias podrán integrar el PPP (art. 22 inciso a); indicando que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar (art. 26); determinando la inclusión de convenios de Sindicación de Acciones que establecen la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en las Asambleas de la sociedad, con fuerza vinculante para todos (art. 38)”, agrega.

Continúan luego explicando que “la representación del PPP en el Directorio de la empresa es consecuencia de dicho carácter, de la titularidad individual, pero de gestión colectiva de dichas acciones, y por tanto el representante tiene los siguientes cometidos: a) representar a dicha categoría de accionistas; b) responder ante ellos; c) recibir mandato e instrucciones de los mismos”.

Posteriormente advierten que “la intención del gobierno de desplazar al Director designado por la PPP, es decir por accionistas independientes, importa una intromisión en una participación accionaria ajena y una violación del Estatuto social. A la vez es un ataque, directo e ilegal, al derecho de propiedad que deriva de las acciones respectivas”.

Advertencia

Sostienen en su argumentación que, “la pretendida invocación de los arts. 59 y 274 de la Ley 19.550, de sociedades comerciales, es desconocer el alcance, funcionamiento y responsabilidades que emergen del carácter de director de una sociedad, y en especial, como se señaló, del representante de una categoría particular de accionistas. Como es natural, y propio de cualquier régimen de responsabilidad, el directorio de una sociedad responde por los actos derivados de dicha función, es decir, que no alude a cuestiones ajenas a la gestión de la empresa”.

En otro tramo del extenso comunicado, indican que “además de ser evidentemente violatorio del derecho, el intento del gobierno es aún más grave en tanto, por un lado da cuenta que no tiene límites al momento de interferir en la actividad gremial de los trabajadores de la empresa, lesionando la autonomía sindical y los derechos colectivos, y a la vez los derechos de los accionistas de la PPP, sino que da cuenta de la falta de escrúpulos para intervenir en una sociedad anónima, con reglas propias, por fuera de las que el gobierno pretenda imponer, con ciertos riesgos añadidos”.

“En efecto, así como lesiona el derecho de propiedad y el libre ejercicio de los derechos societarios de accionistas privados, parecería que Aerolíneas Argentinas, una sociedad anónima reglada por la ley 19.550, de sociedades comerciales privadas, es el propio Estado, en este caso el gobierno actual, al que debe rendirse y someterse”, prosigue.

Y culmina aseverando que “este gobierno no parece detenerse ante nada, especialmente ante la ley, puede afectar derechos privados, incluso derivados de la propiedad de acciones de una sociedad anónima, y confunde una sociedad regida por sus propios estatutos y legislación comercial, con el mismo Estado”.