La relación entre el gobierno argentino y los principales sindicatos aeronáuticos del país (en su amplia mayoría vinculados a Aerolíneas Argentinas) alcanza un nuevo punto de tensión. Esta tarde se conoció que el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Pablo Biró, Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) por lo que denominaron presunta comisión de delitos de acción pública.
Desde la cartera dirigida por Patricia Bullrich indicaron que esta presentación se lleva adelante luego de que Biró realizara declaraciones ante los medios de prensa sobre “su decisión de utilizar su posición dominante como secretario General de APLA para perjudicar el transporte aéreo de pasajeros advirtiendo de males futuros, que profundizarían el perjuicio para la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y para el público en general”.
Ver también: “Un juego que no tiene vuelta atrás”: APLA rechaza los despidos en Aerolíneas Argentinas
En el comunicado citan a Biró diciendo “Esto se va a poner mucho peor…”, esta semana, luego de que el gobierno decidiera decretar la esencialidad del transporte aéreo, lo cual impone el cumplimiento de servicios mínimos, frente a la paralización total que se vive en la actualidad cuando realizan una huelga.
“El Ministerio de Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal”, indican desde el Ministerio.
“La denuncia enfatiza que el derecho a huelga debe ejercerse de manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública”, prosiguen.
Así también señalan que la intención de esta acción es “preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos”, por lo que “cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas podría ser considerada una “huelga salvaje” y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional”.
Ver documento: denuncia penal contra Pablo Biró
