Un grupo de 20 diputados del Pro, encabezados por Hernán Lombardi, presentaron un proyecto de ley que tiene como objeto privatizar Aerolíneas Argentinas, empresa que volvió a la órbita estatal en 2008 luego de un derrotero de 18 años en manos de Iberia, la SEPI, American Airlines y Marsans.
«La conectividad aérea es un pilar fundamental para el desarrollo económico de las regiones, el crecimiento del país y la promoción del turismo nacional«, señala el proyecto en sus fundamentos.
«Es de público conocimiento el déficit que genera Aerolíneas Argentinas en las arcas del Estado: solo en el año 2023, la aerolínea reportó pérdidas cercanas a 200 millones de dólares. Desde su reestatización, los aportes del Estado para cubrir el déficit es superior a los 8 mil millones de dólares. Asimismo, 16 años más tarde, el Estado argentino adeuda el pago de más de 340 millones de dólares correspondiente a la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, a causa del litigio iniciado por el grupo Marsans por el pago incorrecto correspondiente a la expropiación», continúa.
Luego, el texto pasa a enumerar que Aerolíneas Argentinas posee 1.204 pilotos, lo que representa casi 15 por cada avión operativo (81 en total), aunque no realiza una comparación con otras empresas.
Así también, señala que «en los últimos años, viajar con la aerolínea de bandera se ha convertido en un privilegio reservado para unos pocos, financiado por aquellos que apenas logran cubrir sus necesidades básicas. Para muchos que intentan acceder a este servicio, el alto costo de los pasajes, sumado a la escasa oferta de rutas aéreas, ha representado un obstáculo significativo«.
El proyecto de Lombardi también fundamenta que las low cost han brindado a miles de argentinos la oportunidad de transportarse de manera rápida y a un costo reducido en comparación con otras empresas y medios de transporte.
Además señala que «Aerolíneas Argentinas nunca ha podido igualar estos bajos precios, lo que ha contribuido a su creciente falta de competitividad en el mercado», cuestión exagerada cuando en muchas rutas se han visto tarifas iguales o incluso menores, dependiendo de factores clave como la ruta, fecha de compra y anticipación, entre otros.
«Años de corrupción, el uso de la empresa como un nicho para acomodar militancia partidaria, y la extorsión por parte de algunos sindicatos, nos han costado millones de dólares a todos los argentinos», agrega el proyecto de Lombardi en sus fundamentos, asegurando que «la privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos».
Este proyecto de ley, que además de Lombardi lleva la firma de los diputados nacionales Martin Yeza (Buenos Aires), Sergio Capozzi (Río Negro), Maria Florencia De Sensi (Buenos Aires), María Sotolano (Buenos Aires), Karina Bachey (San Luis), Sabrina Ajmechet (Ciudad de Buenos Aires), Verónica Razzini (Santa Fe), Damián Arabia (Ciudad de Buenos Aires), Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), Laura Rodriguez Machado (Córdoba), Daiana Fernández Molero (Ciudad de Buenos Aires), Martin Ardohain (La Pampa), Silvana Giudici (Ciudad de Buenos Aires), Germana Figueroa Casas (Santa Fe), Patricia Vázquez (Buenos Aires), José Núñez (Santa Fe), Gabriel Chumpitaz (Santa Fe), Alejandro Finocchiaro (Buenos Aires) y Marilú Quiroz (Chaco), llega en el medio de las negociaciones salariales que Aerolíneas Argentinas está teniendo con sus trabajadores, las cuales permanecen estancadas y vienen provocando una seguidilla de medidas de fuerza como asambleas, que terminaron desembocando en un paro de pilotos y tripulantes el viernes pasado.
El gobierno de Javier Milei nunca escondió su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas (junto a decenas de otras empresas estatales), pero en junio tuvo que ceder y removerla de la lista para poder lograr la aprobación de la Ley Bases en el Senado argentino.
¿Habría interesados por Aerolíneas Argentinas?
Contrariamente a lo que la opinión pública piensa, Aerolíneas Argentinas tendría oferentes, si la empresa fuera privatizada o, tras la modificación del anexo de la Ley Bases, se avanza en un esquema híbrido con participación público-privada.
Personal jerárquico de la compañía aérea estatal había indicado hace un par de meses a Aviacionline, bajo reserva de identidad, que recibieron “varios acercamientos” de compañías interesadas en la aerolínea, y que han pedido condiciones para una futura inversión o compra, en cuanto se defina el modelo bajo el cual seguirá funcionando la compañía bajo la gestión Milei.
Las mismas fuentes comentaron que, aún cuando el DNU 70/2023 permite separar las unidades de negocio – lo que permitiría que el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos (CeFePra) y la división de Mantenimiento pudieran ser vendidos por separado, como se hizo en privatizaciones análogas como la de la vieja Mexicana o Alitalia-, tanto los interesados como Aerolíneas Argentinas contemplan una operación que incluya a la compañía como un todo.
Pero, antes que suceda eso, las fuentes indicaron que se debe realizar el «trabajo sucio» de adecuar los Convenios Colectivos de Trabajo para que sea «más competitiva».
De acuerdo a trascendidos, a fines de abril circuló un documento que listaba una serie de modificaciones de las condiciones laborales de los pilotos. En ese momento, tras las consultas de Aviacionline a la compañía y a APLA, ambas partes se acusaron de filtrar dicho documento, pero coincidieron que esos eran los puntos estaban sobre la mesa.
Desde cambios simbólicos como la eliminación del servicio de remises hasta modificaciones al acceso a pasajes vacacionales para el grupo familiar, la eliminación de la gratificación por jubilación y la reubicación de pilotos de Fuselaje Ancho a Fuselaje Angosto en una eventual reducción de flota, la compañía apunta a racionalizar las condiciones laborales.
Es significativo que se incluya en los puntos la “eliminación de todos los mandatos gremiales”, en favor del cumplimiento “estricto” del CCT y la normativa vigente.
