El escándalo desatado por el contrabando y sobrefacturación de aviones ingresados a la Argentina, sigue creciendo y los alcances de la denuncia parecen hoy imprevisibles, mientras crecen también los cuestionamientos al accionar de la justicia, más específicamente del juez Ariel Lijo, que tiene en sus manos la causa.
En la causa se investiga si hubo connivencia entre funcionarios de la gestión de Alberto Fernández y empresarios para acceder a dólares a precio diferencial y hacer enormes ganancias con la compra de aeronaves, según publicó La Nación.
De acuerdo a lo investigado por el matutino, entre los años 2020 y 2023, se aprobó la llegada a la Argentina de 949 aviones y de los 2428 aviones matriculados entre 2010 y 2024, el 40% fueron importados durante la gestión de Alberto Fernández.
Esto significa que, en los cuatro años de mandato del gobierno anterior, se matricularon casi el doble de aeronaves que en los 10 años previos y del total de importaciones, 173 se concretaron en 2020, 352 en 2021, 274 en 2022 y 149 en 2023, especifica La Nación.
Fue precisamente el año 2021, cuando se registró la mayor cantidad, cuando el fiscal Guillermo Marijuan inició la investigación preliminar a la que se le siguió la denuncia de Santiago Dupuy de Lome, que recayó en la fiscalía de Eduardo Taiano y el juzgado de Ariel Lijo.
Una causa que duerme en un cajón
La causa “durmió” en los cajones de Lijo, y la semana pasada el abogado de la Coalición Cívica ARI, Federico Esswein impulsó una denuncia en el fuero penal económico, que recayó en el juzgado N° 9, a cargo de Javier López Biscayart, quien ya solicitó algunos detalles procesales a los denunciantes.
“Durante el gobierno de Alberto ya se empezó a cuestionar el festival de importaciones de las aeronaves. Se inició una causa, en teoría se hizo una investigación por parte de la aduana que se comprometió a realizar un análisis exhaustivo pero todo eso quedó en la nada, en un expediente dormido en el despacho del juez Lijo”, sostuvo Esswein en declaraciones radiales.
Agregó que “la semana pasada hemos realizado una investigación junto al diario La Nación, en el cual estamos desde diciembre del año pasado requiriendo información desde el cambio de gobierno, requiriendo distintas fuentes de información para intentar reconstruir cómo fue el proceso de importación de aeronaves durante todo el gobierno de Alberto”.
“Solamente tenemos el 10 % de la información de las aeronaves. Nosotros tenemos conocimiento que se hicieron importaciones por $4.000 millones de dólares, pero sobre las aeronaves ejecutivas que hemos podido rescatar después de insistencia e insistencia con el nuevo gobierno para conseguir la información del gobierno anterior, solamente hemos logrado recabar el 10 % de la información”, puntualizó.
De los listados evaluados por la AFIP, el de aviones a hélice con peso al vacío inferior a 2000 kilogramos es el que más ingresos tuvo.
De acuerdo a la denuncia del legislador, se trata de aviones livianos, desde un Cessna 150M reportado a US$9000 hasta aviones de pasajeros por US$1,5 millones y el total importado asciende, según el listado, a unos US$4.019 millones de valor FOB (el costo de los bienes en el punto de carga) declarado.
La operatoria
La connivencia del Poder Político con la operatoria, permitía que el importador iniciara el trámite y presentara elementos como facturas comerciales, montos, plazos y detalles de la operación y luego se le autorizaba o no a hacer la importación. Para concretar una operación de estas características, el bien se declaraba a un valor superior al que realmente cotizaba y así, los beneficiarios accedían a más dólares de los necesarios para comprar.
La maniobra posibilitaba que los involucrados se quedaran con dólares sobrantes que habían conseguido con los permisos del gobierno. Luego esas ganancias se triangulaban al exterior y quedaban a disposición para, por ejemplo, obtener beneficios en el mercado financiero.
Los aviones que realmente se compraban se podían vender a dólar billete y se generaba una ganancia por encima del valor real de compraventa, lo que configura el delito de contrabando y/o lavado de activos.
De las 955 importaciones efectuadas, la AFIP reportó haber bloqueado cuatro, lo cual puede deberse a incumplimientos fiscales como previsionales del importador, y denunció específicamente a tan solo 14 entre esos años.
Varias empresas involucradas
La publicación de La Nación especifica que, entre las sociedades y personas a las que se les abrió un expediente se encuentran: Aerotec SA (que tiene cuatro importaciones en esas condiciones), Brise Servicios Aéreos, Sazaza SRL, AF Charter SAS, Flying America SA, A1-TEC SA, Juan Francisco Paganini, Pablo Hernán Yelpez, Grupo Obras Servicios y Desarrollos, la aerolínea Andes y Aviaser SA.
Otra de las hipótesis de la investigación, y sospecha fuerte en el sector, es que algunos de estos aviones comprados nunca ingresaron efectivamente a la Argentina y habrían sido vendidos fuera del país a un mayor valor final o bien fueron ingresados al país, pero prácticamente no vuelan.
Esswein denunció que, el expediente se enfocó en una porción mínima de las aeronaves bajo sospecha y dejó a salvo a los funcionarios del ente fiscalizador que aprobaron las operaciones.
De las cerca de 300 aeronaves, dejaron afuera de la investigación aquellas que valían US$200.000 o menos. Para el resto, habrían realizado informes y consultas al exterior para verificar los valores reales de las aeronaves. Solamente entre 25 y 32 operaciones habrían sido observadas, pero menos de cinco fueron denunciadas, de acuerdo con fuentes conocedoras del asunto.
