El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto sanciones por un total de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo costo por prácticas consideradas abusivas, como cobrar por el transporte de equipaje de mano o exigir suplementos para la reserva de asientos contiguos en casos de menores o personas dependientes. Las empresas afectadas son Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea.
El ministro Pablo Bustinduy firmó la orden que confirma las sanciones propuestas por la Secretaría General de Consumo y Juego, desestimando los recursos presentados por las aerolíneas. Esta decisión concluye una investigación iniciada en 2023 y califica las infracciones como «muy graves» bajo la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).
Detalle de las sanciones a las low-cost
Las multas impuestas a cada aerolínea se distribuyen de la siguiente manera:
- Ryanair: 107,7 millones de euros
- Vueling: 39,2 millones de euros
- EasyJet: 29 millones de euros
- Norwegian: 1,6 millones de euros
- Volotea: 1,1 millones de euros
Además de las sanciones económicas, el ministerio ha prohibido expresamente la continuidad de las prácticas sancionadas, que incluyen:
- Cobrar suplementos por el transporte de equipaje de mano.
- Exigir sobrecostos por asientos contiguos en casos de menores o personas dependientes.
- No aceptar pagos en efectivo en aeropuertos españoles.
- Imponer tasas desproporcionadas por la impresión de tarjetas de embarque.
- Falta de transparencia en los precios publicados, dificultando la comparabilidad para los consumidores.
En el caso de Ryanair, se añadió una sanción por aplicar cargos excesivos a los usuarios que solicitan imprimir su tarjeta de embarque en el aeropuerto.
Fundamento y próximo paso legal
El cálculo de las multas se realizó en función de los beneficios ilícitos obtenidos por las aerolíneas con estas prácticas, como estipula el régimen sancionador de Consumo. Las sanciones podrían alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio obtenido si este supera los umbrales establecidos.
La decisión pone fin a la vía administrativa, pero las aerolíneas tienen la opción de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. Si no se presentan recursos, la orden será ejecutiva.
Es la primera vez que la Administración General del Estado califica sanciones de este tipo como «muy graves». Según el ministerio, estas medidas buscan garantizar la proporcionalidad de las multas y disuadir a las empresas de repetir estas prácticas.
El sector aéreo, particularmente el de bajo costo, podría enfrentar mayores desafíos operativos y legales a raíz de esta decisión, que podría tener implicaciones significativas en su modelo de negocio y relación con los consumidores, que se verían obligados en general a pagar tarifas más caras.
“Es una decisión alarmante. Lejos de proteger al consumidor, esto perjudica a los viajeros que buscan opciones. Prohibir a todas las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano significa que ese costo se incorporará automáticamente a los boletos. ¿Qué será lo próximo? ¿Obligar a todos los huéspedes de un hotel a pagar por el desayuno? La libertad de precios está protegida por las leyes de la UE por una buena razón. Esta medida es ilegal y debe detenerse”, dijo al respecto Willie Walsh, Director General de IATA.
Ver también: Aerolíneas califican como retrógrada la regulación de tarifas de equipaje de mano en España
