La Latin America Regional Aviation Holding (LARAH) intensificó su disputa legal con Uruguay tras el incumplimiento del pago del laudo arbitral relacionado con el cierre de Pluna. Según informó El Observador, el pasado 15 de noviembre la empresa inició la ejecución judicial internacional del laudo y embargó cuentas bancarias y activos del Estado uruguayo en Luxemburgo.
Un fallo arbitral final y definitivo
En febrero de 2024, un tribunal arbitral internacional dictaminó que Uruguay había «violado» sus compromisos internacionales en 2012 al cerrar Pluna, calificando las acciones del país como «irracionales, contradictorias e idiosincráticas, contrarias a los principios de razonabilidad, transparencia y justicia». El laudo ordenó a Uruguay pagar 56,5 millones de dólares a LARAH.
El fallo no fue apelado por Uruguay, lo que lo convirtió en «final y definitivo» en junio de 2024. Desde entonces, LARAH ha solicitado en repetidas ocasiones el cumplimiento del pago, que con los intereses acumulados hasta la fecha asciende a 61,1 millones de dólares, de acuerdo con lo informado por fuentes de la compañía al diario El Observador de Montevideo.
Ante la falta de cumplimiento por parte de Uruguay, LARAH procedió a embargar activos en Luxemburgo, país donde se cotizan bonos internacionales emitidos por Uruguay. La medida busca asegurar el cobro de la deuda mientras se avanza con la ejecución judicial en otras jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos. Las fuentes mencionadas por El Observador indicaron que los intereses generados por el laudo continúan acumulándose a un ritmo de aproximadamente 500.000 dólares por mes.
El caso Pluna continúa teniendo repercusiones internacionales para Uruguay, tanto a nivel financiero como reputacional. LARAH señaló que persistirá en sus acciones legales hasta recibir el pago total del monto establecido por el tribunal arbitral. Mientras tanto, los embargos y procedimientos en curso podrían afectar la percepción de Uruguay en los mercados internacionales, dada la importancia de los bonos soberanos en Luxemburgo.
La demanda había sido presentada en 2019 por Caballero Verde, un holding panameño que había adquirido a Latin American Regional Aviation Holding (LARAH), a su vez propietario del 75% de Pluna a través de Leadgate Investment al momento del cierre, alegando que la decisión del estado uruguayo de nacionalizar y liquidar Pluna perjudicó sus intereses y no fue producto de algún accionar irregular de los accionistas, como intentaron justificar entonces funcionarios del entonces gobierno de José «Pepe» Mujica, señalados por algunos sectores como el máximo responsable político del cierre de la histórica aerolínea para favorecer otros intereses.
Desde que Leadgate se hizo cargo de Pluna en 2007, que venía de un largo derrotero tras ser privatizada y caer en manos de la fallida VARIG, la empresa inició un proceso de modernización que la llevó a migrar a un modelo low-cost, incorporar hasta 13 aviones CRJ-900 y establecer un hub en el aeropuerto de Carrasco para conectar a ciudades del Cono Sur como Buenos Aires, Campinas, Córdoba, Florianópolis, Foz de Iguazú, Santiago de Chile, Asunción, Belo Horizonte, Curitiba, Brasilia y Porto Alegre. Esto le permitió alcanzar cifras récord en el tráfico de pasajeros, con un nivel de performance nunca antes visto en Uruguay.
Pero en 2012 el gobierno de Mujica, alegando desmanejos por parte de los ejecutivos de Leadgate (que nunca avanzaron judicialmente), procedió a estatizar el 100% de Pluna para posteriormente liquidarla y crear una nueva empresa denominada Alas Uruguay que solo operó entre 2015 y 2016.
