El gobierno uruguayo negó haber recibido notificaciones sobre embargos de activos en Luxemburgo relacionados con el caso Pluna y el arbitraje internacional con Latin American Regional Aviation Holding S.R.L. (LARAH). En un comunicado emitido ayer martes, el Estado uruguayo sostuvo que “no acepta la indemnidad penal solicitada por LARAH para los acusados de estafa especialmente agravada por su gestión al frente de Pluna” y reiteró su compromiso de cumplir con el laudo arbitral emitido en febrero de 2024.
Contexto del arbitraje
Uruguay negoció con LARAH desde mayo de 2024 con el objetivo de cumplir con el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que obliga al Estado a pagar una compensación por el caso Pluna. Según el comunicado del gobierno, Uruguay manifestó en todo momento su disposición para cumplir con sus obligaciones legales y ofreció una propuesta económica que fue considerada satisfactoria por LARAH.
Sin embargo, las negociaciones se rompieron el 14 de noviembre cuando LARAH exigió que Uruguay cesara los procesos penales contra tres exdirectivos de Pluna: Hugo Sebastián Hirsch, Arturo Álvarez Demalde y Matías Campiani. “Esto es inadmisible para Uruguay, como para cualquier Estado de Derecho, además de ser violatorio de los principios de separación de poderes y la autonomía técnica de los fiscales”, señala el documento.
Uruguay afirmó que el Memorando de Entendimiento (MdE) firmado el 15 de junio de 2012 entre el Estado, Sociedad Aeronáutica Oriental (SAO) y South American Regional Aviation Holding (SARAH) —accionistas directos o indirectos de LARAH— sigue vigente. Dicho documento establece la obligación de SAO y SARAH de mantener indemne al Estado uruguayo frente a acciones legales relacionadas con Pluna.
En consecuencia, Uruguay considera que cualquier pago derivado del laudo debe ser cubierto por LARAH a través de las obligaciones estipuladas en el MdE.
Pese a los desacuerdos con LARAH, Uruguay reiteró su intención de cumplir con el laudo arbitral y afirmó estar dispuesto a explorar soluciones amistosas que respeten la Constitución y las leyes. “Uruguay mantiene siempre su compromiso de cumplir con todas sus obligaciones legales, pero no está dispuesto a aceptar condiciones que violentan flagrantemente la Constitución y las leyes”, concluye el comunicado.
Esta declaración se produce tras los informes sobre el embargo de activos uruguayos en Luxemburgo, un procedimiento del cual el gobierno afirma no haber recibido notificación formal.
Ver también: PLUNA: embargan activos de Uruguay en Luxemburgo
