La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, encabezada por el fiscal Carlos Alberto Rívolo, presentó una denuncia penal que involucra a directivos de la aerolínea low cost Flybondi y a funcionarios de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por presuntas irregularidades graves en materia de mantenimiento aeronáutico que podrían haber comprometido la seguridad operacional de vuelos comerciales.
El foco de la denuncia radica en que la empresa habría continuado realizando tareas de mantenimiento en su taller ubicado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante un período en el que el mismo se encontraba formalmente suspendido por ANAC, desde el 4 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2024.
Según la documentación reunida en la investigación preliminar, en ese tiempo se habrían ejecutado al menos 37 intervenciones de mantenimiento en aeronaves operativas, desobedeciendo de forma expresa la orden de inhabilitación dispuesta por la Dirección de Aeronavegabilidad del organismo regulador.
La denuncia alcanza al CEO de Flybondi, Mauricio Sana, al Gerente de Seguridad Operacional Fabián Pérez, al Representante Técnico Omar Buono, al Gerente de Calidad Walter Fridman, al Gerente de Mantenimiento Juan Pablo Luchetti y a otros responsables de la firma. También están denunciados la administradora de ANAC María Julia Cordero, el exdirector nacional de seguridad operacional Marcelo Moroni, y el director de aeronavegabilidad Pablo Coradazzi, por supuestas omisiones en su deber de control.
"Un desafío a la autoridad"
Uno de los testimonios fue el de un inspector de ANAC asignado como contacto principal con Flybondi. Al constatar que se habían seguido realizando tareas de mantenimiento en el taller suspendido, afirmó:
“Nunca me había sucedido un desafío a la autoridad de ese estilo. Para mí fue un real asombro. No suelen haber suspensiones, pero cuando hubo en otros talleres se han acatado”.
Según el inspector, durante una inspección sorpresiva a las oficinas de Flybondi, comprobó que los registros de mantenimiento incluían tareas realizadas en el taller de Ezeiza, el cual no figuraba como destino autorizado para trasladar mecánicos. “Eso implicaba que los trabajos se habían hecho allí de forma irregular”, afirmó.
Por su parte, otro inspector de ANAC, sostuvo que lo ocurrido representa una de las faltas más graves que ha presenciado en su carrera.
“Es muy grave no obedecer una orden así (…) La inquietud nuestra era que alguien diera respuesta a las recomendaciones e informes varios que habíamos realizado por las graves irregularidades detectadas (…). Fue tanto el tiempo que estuvo suspendido el taller de Flybondi que prácticamente todas las aeronaves fueron intervenidas en el taller de Ezeiza, con lo cual pedimos que se suspendiera el CESA, que es el certificado de explotación de servicios, porque para que una aeronave esté en condiciones de ser operada debidamente, debe ser atendida en talleres aeronáuticos habilitados”.
Riesgo para la seguridad operacional
Los inspectores coincidieron en que lo actuado por Flybondi puso en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas. La falta de trazabilidad en repuestos, herramientas en mal estado, personal sin capacitación adecuada y condiciones deficientes en las instalaciones fueron solo algunas de las anomalías detectadas.
Además, se relató un caso puntual ocurrido el 9 de noviembre de 2024, en el que una inspección reveló que un Boeing 737-800 de la compañía volaba con un burlete del parabrisas de la cabina fuera de los parámetros especificados por el fabricante, una situación que debería haber dejado el avión en tierra. Sin embargo, la empresa declaró que la reparación era “no aplicable” y continuó operando. Posteriormente, tras una orden urgente de ANAC, se rehizo la tarea y se reconoció el error en los registros.
“Si uno no cumple la instrucción del fabricante lo consideramos grave porque pone en riesgo la seguridad de la aeronave, por eso pedimos que se hiciera la reparación de forma inmediata”, declaró el inspector.
Una respuesta institucional que no llegó
Pese a las, según describe la denuncia, numerosas actas de infracción labradas por ANAC –al menos cuatro entre octubre y diciembre de 2024–, se señala que las sanciones efectivas nunca se concretaron y que la empresa logró levantar la suspensión del taller con un plan de acciones correctivas que, según los inspectores, no era suficiente ni adecuado.
El Inspector Mayor de Aeronavegabilidad en el Departamento de Talleres Aeronáuticos de Reparación de la ANAC señala en su testimonio que “nunca habíamos tenido una irregularidad tan grave como esta, es decir que se siga trabajando en un taller suspendido”, y que el plan de acciones correctivas que presentó Flybondi era inconsistente, por lo que dejaron constancia de que no estaban de acuerdo con el levantamiento de la suspensión.
Tanto él como otros inspectores pidieron formalmente ser eximidos de continuar supervisando a la empresa, al considerar que sus advertencias no estaban siendo escuchadas por las autoridades superiores.
¿Posible encubrimiento?
El fiscal Rívolo no solo apuntó contra los responsables de la aerolínea, sino también contra funcionarios de la ANAC que podrían haber ignorado los reiterados informes de los inspectores. Según la denuncia, la omisión de actuar ante hechos que afectaban la seguridad operacional podría constituir un delito penal.
Uno de los puntos más delicados revelados en el expediente es que, según declaró el jefe del Departamento de Talleres de la ANAC, la decisión de otorgar nuevas habilitaciones al taller de Flybondi se tomó sin participación ni evaluación de los inspectores técnicos competentes.
“En mi ejercicio como Jefe nunca vi una nota donde los inspectores requieran se los exima de realizar posteriores análisis técnicos a una empresa a partir de la fecha, tampoco vi situaciones similares en mi profesión”, expresó.
De todas maneras, en el documento, ante la pregunta del fiscal Rívolo sobre si en función de lo explicado surgieron elementos que le permitieran inferir que podría haberse puesto en riesgo la seguridad de las aeronaves que volaron para Flybondi, el Jefe del Departamento de Aviación de Transporte de ANAC dijo que “no me consta que haya habido una afectación a la seguridad operacional, es decir una situación en la que hicieran un vuelo en condición insegura no hubo, más allá de no cumplir con los registros”.
“Creo que hicieron una evaluación inapropiada de la situación, debieron haber tenido otra actitud, no es normal que se notifique de novedades a un inspeccionado y este no responda. Es una desobediencia a la autoridad de ANAC”, agregaron.
La fiscalía investiga presuntas infracciones a los artículos 190 (delitos contra la seguridad del transporte) y 248 (abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público) del Código Penal, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan surgir del avance de la causa.
Ante una consulta de Aviacionline, desde la ANAC respondieron que hasta el momento no fueron notificados de la denuncia efectuada, pero que prepararán todos los documentos correspondientes para poner a disposición de la justicia.
“Presentaremos todas las pruebas que demuestran que ANAC cumplió con su rol de fiscalizador y que se llevaron adelante las inspecciones correspondientes desde Dirección de Aeronavegabilidad, perteneciente a la Dirección Nacional de Seguridad Operacional de la ANAC, de los TAR de Flybondi, tanto en Aeroparque como en Ezeiza y que, ante incumplimientos, se exigió la recertificación de las aeronaves de la empresa, garantizando en todo momento la seguridad operacional del sistema”, concluyeron.
Por su parte, desde Flybondi también señalaron que no fueron notificados formalmente de ninguna denuncia, pero que “en caso de serlo quedaremos a disposición para presentar todo el respaldo documental correspondiente que demuestra que la empresa cumplió con todo lo requerido por la ANAC”.
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