El Bunker Buster Act: ¿EE.UU. entregará B-2 a Israel?
El Congreso de EE.UU. evalúa una propuesta sin precedentes para armar a Israel ante la amenaza nuclear iraní.
En marzo de 2022, un proyecto de ley introducido silenciosamente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos planteó un escenario que, hasta hace poco, parecía imposible, el “Bunker Buster Act”. El proyecto autoriza al presidente a tomar acciones concretas para que Israel esté preparado ante cualquier contingencia, en caso de que Irán avance hacia el desarrollo de un arma nuclear. Entre las medidas previstas figuran la eventual transferencia de la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) y el despliegue de infraestructura específica para su empleo. Como única plataforma capaz de transportarla, el protagonista oculto del texto es el bombardero furtivo B-2 Spirit, el activo más sensible de la aviación estratégica de EE. UU.
La propuesta cobra nueva vida
Aunque fue introducido en 2022, el proyecto cobró impulso renovado tras los ataques estadounidenses del 22 de junio contra instalaciones nucleares iraníes, ejecutados por B-2 Spirit con bombas MOP como parte de la Operación Midnight Hammer. La misión destruyó (según la Casa Blanca) complejos subterráneos en Fordow, Natanz e Isfahan.
La misión involucró más de 125 aeronaves, una logística aérea compleja y costosa, que obligó a lanzar los bombarderos desde Estados Unidos en vuelos de más de 30 horas.
Ese despliegue de medios es parte del razonamiento que podría justificar un preposicionamiento regional: si bien EE. UU. ha conservado celosamente el control de los B-2, una arquitectura más cercana al teatro de operaciones reduciría la dependencia de reabastecimientos aéreos y permitiría acortar los tiempos de respuesta.
Riesgos y realismo: ¿por qué no en Israel?
Sin embargo, el argumento en contra es contundente. Desplegar B-2 en territorio israelí sería estratégicamente riesgoso y políticamente explosivo. Estas aeronaves no se fabrican desde hace años, y la flota operativa de la USAF no supera las 20 unidades. Perder un solo B-2 —a manos de un misil iraní, hutí o de Hezbollah— sería una tragedia estratégica para EE. UU., tanto en términos materiales como simbólicos.
Por eso, si el Bunker Buster Act avanzara hasta un escenario operativo real, lo más probable no sería ver B-2 estadounidenses aterrizando en Israel, sino un esquema más indirecto: tripulaciones israelíes entrenadas por la USAF, operando desde una base en un tercer país aliado, fuera del alcance de la mayoría de los misiles iraníes. Grecia e Italia surgen como candidatas posibles. Sería una arquitectura más segura, compartimentada, y políticamente más viable tanto para Washington como para Jerusalén.
¿La USAF expondría así su vector disuasorio mas avanzado?
El corazón del asunto está en el arma y el vector. La MOP es una munición guiada de 13.600 kilogramos (30.000 libras), capaz de perforar hasta 60 metros de tierra y concreto armado antes de detonar. Su uso está limitado a un único sistema aéreo: el Northrop Grumman B-2 Spirit, el bombardero estratégico furtivo de la Fuerza Aérea de los EE. UU.
El B-2 Spirit es un activo estratégico crítico, parte esencial del componente aéreo de disuasión nuclear estadounidense. Su despliegue operativo está severamente restringido por razones de seguridad, mantenimiento y disponibilidad logística. Por eso, el solo hecho de considerar su uso fuera del territorio continental de EE. UU., o su operación parcial por parte de un aliado extranjero, incluso bajo un sistema de “doble llave”, marca un quiebre doctrinario sin precedentes.
De lo normativo a lo operacional
El “Bunker Buster Act” no es un cheque en blanco. El texto establece que cualquier acción deberá basarse en un estudio conjunto entre el Departamento de Defensa de EE. UU. e Israel, que analice las necesidades para mantener su “ventaja militar cualitativa” (QME). A partir de allí, y siempre que el Presidente certifique que es de interés vital para la seguridad nacional de EE. UU., podrá autorizar la construcción de pistas extendidas, depósitos de municiones y otros componentes necesarios para el uso de la MOP.
Además, se autoriza el desarrollo conjunto de nuevas municiones antibúnker, con la mira no solo en Irán sino también en blancos subterráneos del Hezbollah.
La propuesta incluye un mecanismo de doble llave para la eventual transferencia del MOP a Israel: se requiere verificación de que Irán viola el acuerdo de salvaguardias del TNP, y que Israel no dispone de otros medios para neutralizar su infraestructura nuclear subterránea.
¿Un nuevo paradigma?
El momento de reactivación del proyecto no es casual. Varios legisladores citaron como contexto inmediato los resultados de la ofensiva estadounidense de junio, que según la administración Trump "obliteró" el programa nuclear iraní. Si bien expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advierten que Irán podría reconstituir parte de sus capacidades en pocos meses, el Pentágono estima que los daños habrían retrasado al programa hasta dos años, según reportó Reuters. En ese escenario, el Bunker Buster Act funciona como un mensaje preventivo y estructurador, para el caso de que Teherán decida reconstruir su capacidad nuclear de forma acelerada.
Aunque nunca se materialice en acciones concretas, el solo hecho de que este proyecto de ley exista —y que haya sido impulsado en un contexto de creciente tensión nuclear— abre una nueva dimensión en la cooperación militar entre Washington y Tel Aviv.
Si EE. UU. llegara a permitir que Israel albergue o incluso opere el bombardero stealth B-2 Spirit, implicaría una cesión parcial de una herramienta crítica del poder estratégico estadounidense. Su tecnología no ha sido exportada ni compartida operativamente ni siquiera con los más estrechos aliados de la OTAN.
El impulso político detrás del “Bunker Buster Act” también está lejos de ser neutro. Según datos publicados por IsraelPalestineNews.org, entre enero de 2023 y marzo de 2024, el AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) destinó más de 585.000 dólares en contribuciones al congresista Josh Gottheimer, principal promotor del proyecto, y 107.000 dólares a su colega Mike Lawler, también firmante. Si bien ambos legisladores han enmarcado el proyecto dentro de una lógica de seguridad nacional preventiva, la magnitud del respaldo financiero refuerza la percepción de que la influencia del lobby proisraelí sigue siendo determinante en áreas sensibles de la política exterior estadounidense.
Como precedente político y doctrinario, el Bunker Buster Act no tiene parangón. Su implementación práctica, sin embargo, dependería de un cúmulo de factores operativos, diplomáticos y de inteligencia extremadamente sensibles. A la fecha, no existe ningún indicio público de que el Ejecutivo estadounidense haya avanzado con los pasos establecidos en el acta.
Pero en la región más volátil del planeta, donde las amenazas subterráneas no son solo geológicas, sino geopolíticas, el mero diseño de este andamiaje legislativo es ya una advertencia en sí misma.
Apasionado por la aviación, la historia, la política y la defensa. Editor-in-Chief en Aviacionline Defensa, combinando estos conocimiento para ofrecer un contenido valioso sobre temas estratégicos y de seguridad.
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