La justicia española investiga si el rescate de Plus Ultra financió una red de lavado vinculada a Venezuela
Investigaciones en Francia y Suiza señalan que la aerolínea pudo haber transferido dinero a sociedades involucradas en la venta de oro y la adquisición de bienes con fondos de origen ilícito.
La Fiscalía Anticorrupción identificó indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 como parte del rescate aprobado por el Consejo de Ministros para paliar la crisis sanitaria. Según el Ministerio Público, la compañía habría realizado transferencias a cuentas extranjeras vinculadas a una presunta red de blanqueo de capitales con operaciones en Venezuela, Francia y Suiza.
Las sospechas se fundamentan en información obtenida a través de la cooperación internacional con autoridades francesas y suizas, que investigan una organización delictiva implicada en el lavado de fondos procedentes de recursos públicos venezolanos. Parte de estos fondos estaría relacionada con irregularidades en la venta de oro del Banco de Venezuela y el programa estatal de distribución de alimentos CLAP.
Según la documentación revisada por la Fiscalía, Plus Ultra aparece como firmante y beneficiaria de contratos de préstamo con tres sociedades vinculadas a la supuesta red criminal. Tras recibir la ayuda pública, la aerolínea habría realizado transferencias a estas empresas mediante cuentas en el extranjero, reforzando la hipótesis de una posible defraudación al Estado.
Las investigaciones también han revelado que la organización bajo sospecha estaría compuesta por ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos peruanos, venezolanos y neerlandeses con nacionalidad española. Además, entre los implicados se encontraría al menos un abogado con despacho en Madrid. La estructura operativa incluiría la adquisición de bienes inmuebles con fondos de origen ilícito.
Otro de los aspectos analizados es la existencia de préstamos que fueron reembolsados en su totalidad y cuya procedencia sigue bajo investigación. En este contexto, una de las sociedades implicadas habría vendido oro por 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes Unidos, mientras que otra habría recibido transferencias en una cuenta bancaria en Panamá. También se investiga si la red utilizó la venta de relojes de lujo como mecanismo de blanqueo de capitales.
Sin embargo, en noviembre de 2023, el Juzgado Central de Instrucción n.º 2 desestimó la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que la Audiencia Nacional no tiene competencia sobre estos hechos, ya que el delito de blanqueo estaría vinculado a actividades ilícitas ocurridas en Venezuela. Ante esta decisión, el Ministerio Público interpuso un recurso, alegando que la supuesta red tiene un impacto directo en España, lo que justificaría la intervención de la Audiencia Nacional en virtud del artículo 65.1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La Fiscalía ha enfatizado que Plus Ultra habría desviado parte de los fondos públicos recibidos a sociedades extranjeras vinculadas a la venta de oro, bajo la apariencia de devoluciones de préstamos. Además, se ha identificado que la trama tiene conexiones con individuos investigados por la justicia española, incluyendo al menos una persona imputada en dos causas abiertas en la Audiencia Nacional.
Informes alertaban sobre la falta de requisitos para el rescate
El Gobierno contaba con al menos dos informes confidenciales que señalaban que Plus Ultra no cumplía los requisitos para ser rescatada. Ambos documentos, elaborados por el Ministerio de Transportes y otros organismos dependientes, alertaban sobre la inviabilidad de la aerolínea y su escasa cuota de mercado, concluyendo que no era una empresa estratégica ni de titularidad española.
De acuerdo con una investigación del periódico La Gaceta, un tercer informe encargado por el partido Ciudadanos a la consultora Martín Molina, Abogados y Economistas, ratificaba estas conclusiones. Dicho documento se incorporó a las diligencias previas 597/2021 del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, aunque el caso fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid debido a que se superó el plazo para imputar a Plus Ultra.
Según el informe, la aerolínea habría solicitado un préstamo participativo a un banco panameño con el objetivo de evitar su disolución y presentarse como una empresa española, pese a sus estrechos vínculos con Venezuela. A pesar de estos antecedentes, el Gobierno aprobó el rescate el 9 de marzo de 2021.
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