La Corte del Distrito de Columbia hizo lugar al pedido que realizara el 20 de octubre la Fiscalía de Distrito y ordenó el embargo del Boeing 747-300M que llegó a Argentina en junio de este año operando para EMTRASUR, la filial de carga de la aerolínea venezolana Conviasa.

Como adelantáramos la semana pasada, la Corte hizo lugar a la demanda, que se basó en una investigación conjunta del FBI y el Departamento de Comercio por la transferencia ilegal del avión con matrícula YV-3531 y Serial Number 23413 (un activo bajo su jurisdicción sujeto a controles de exportación) de una entidad iraní sancionada a un tercero sin autorización del gobierno estadounidense.

La transferencia, dice la demanda, entra en conflicto con una Orden de Restricción Temporaria (TDO – Temporary Denial Order) contra Mahan Air por la incorporación de seis aviones de origen estadounidense sin la autorización del gobierno de Estados Unidos.

La TDO, en sus sucesivas renovaciones -la última, en mayo de 2022-, prohíbe a Mahan Air (o cualquier persona relacionada directa o indirectamente con el operador iraní) participar en transacciones en relación con estos aviones.

La investigación prueba que en octubre de 2021 Mahan Air transfirió el avión en cuestión a EMTRASUR a través de una compañía de Emiratos Árabes Unidos, Lance Tech General Trading LLC, tras el pago de 8 millones de euros.

La orden de la Corte es, de hecho, un Arrest In Rem: la confiscación del activo independientemente de las acciones judiciales que se sigan contra las personas físicas o jurídicas involucradas en la acción que motiva la intervención de la justicia.

Más allá del resultado de la investigación y la determinación de responsabilidades de Mahan Air, Lance Tech General Trading y EMTRASUR/Conviasa, la orden judicial busca extinguir el dominio del avión y permitir que la justicia determine los próximos pasos sobre el mismo sin que ninguna de las partes implicadas pueda interponer un recurso para bloquear esos pasos.